Querer no siempre es poder. Tres días han bastado para que comience a tambalearse el castillo de naipes de la 'justicia express' en la Comunidad Valenciana. Son los transcurridos entre el anuncio, el sábado, de la implantación de los juicios rápidos antes de verano y la inmediata invitación, el martes, del presidente del Tribunal Superior a poner los pies en el suelo y estudiar si hay mimbres para ese cesto. De la euforia de los representantes políticos al pragmatismo de los profesionales, en apenas 72 horas.
El proyecto en sí es loable y, por ello, muy ilusionante. Tal como desgranaron las autoridades autonómicas y estatales, se trata de conseguir que los delitos de malos tratos, robos y hurtos, así como las faltas, pasen por la criba de la Justicia lo antes posible, de modo que dos semanas después de su comisión ya haya una sentencia.
De esta forma se evita la reincidencia y, lo que quizá ahora sea más importante, se acaba con la sensación de impunidad y se inyecta confianza en la judicatura a una sociedad sumida en el desánimo a raíz de la escalada delictiva.
Conviene recordar que la inseguridad ciudadana dejó hace tiempo de ser un problema meramente policial. Basta con mirar al vecino francés para comprobar que un clima similar al que vive la Comunidad Valenciana puede convertirse en alimento para movimientos como la extrema derecha. De ahí que sea crucial recuperar la fe social en la eficacia del Estado de Derecho.
Sin embargo, la Justicia es ciega, pero no atolondrada, y ya ha advertido a los políticos de que están gestando un gigante con pies de barro: no hay infraestructura, ni medios humanos, ni tal vez ni siquiera presupuesto suficiente, para llevar adelante este proyecto con todas las garantías procesales.
No se trata, además, de un razo namiento inesperado. Al contrario, tanto el decano de los jueces, Fernando de Rosa, como el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis de la Rúa, llevan realizando sucesivas llamadas a la reflexión.
El gran problema de la Comunidad Valenciana es que no ha sabido, hasta el momento, adaptarse a las circunstancias, que hacen que unos medios que antes ya no sobraban resulten ahora visiblemente insuficientes. El auge demográfico en el litoral, sobre todo en Alicante, y el aumento de los delitos pueden terminar de obstruir las canalizaciones por las que, supuestamente, ha de fluir esa justicia rápida. De hecho, las causas penales investigadas en Alicante y Valencia aumentaron un 16% en el transcurso del último año.
Las necesidades parecen claras, al menos para el juez decano de Valencia, que por pedir pidió en febrero hasta siete nuevos juzgados, además de otro de guardia. De momento, sólo este último parece cobrar cuerpo. Quizá baste para poner en marcha juicios rápidos, pero no paliará la precariedad actual.
Si se quiere apostar por una Justicia moderna, con sentencias en 15 días, reclusos que declaran por videoconferencia y trámites totalmente informatizados, magnífico. Pero hay que comenzar la casa por los cimientos. De lo contrario, se vendrá abajo y alguien podrá decir que ya lo advirtió.
(Artículo publicado en LAS PROVINCIAS el 5 de mayo de 2002)
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